Esta semana sumé otra razón para apoyar la reforma procesal civil. Un tribunal civil de primera instancia se tomó exactamente cuatro años y seis meses para dictar sentencia, contados desde que la causa quedó en estado de fallo. El juicio duró nueve años sólo en esta primera instancia.

 

Si bien tuvo ciertas complejidades procesales y aplicación de legislación extranjera, los abogados de ambas partes fuimos diligentes. No hubo obstrucciones, tinterilladas ni desidias a las que pueda especialmente imputarse esta inaceptable demora en obtener justicia. Es más, durante los más de cuatro años en que el proceso durmió en espera de ser fallado, personalmente fui a pedir, con prudencia y al menos una vez al año, que por favor se dictara la sentencia.

 

En mi ausencia, abogados de mi estudio lo hicieron. Tres distintos y afables magistrados que se sucedieron durante ese lapso en ese tribunal nos aseguraron que eso ocurriría pronto. Fueron casi cinco años.

 

Cuando uno aprecia los progresos que existen a nivel de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, en que los recursos son ahora vistos y fallados con una creciente presteza que celebramos; cuando en el Tribunal Constitucional una inaplicabilidad se ve, alega y falla en menos de un año, cuando uno aprecia que las leyes comienzan a valorar el tiempo de las personas como señal de su dignidad y promueven la oportunidad de la justicia, comprobar estas fallas en primera instancia es decepcionante. Ojalá sean cada vez más aisladas.