Aunque durante los primeros años de la reforma a la justicia de familia parecía imposible que los tribunales superaran el colapso que los afectaba, hoy sus cifras de gestión revelan una realidad muy distinta. Durante septiembre ingresaron 13.972 escritos para su cumplimento a los cuatro juzgados de familia de Santiago y, al finalizar el mes, el saldo pendiente sólo llegaba a las 317 causas.

 

Los tiempos de los juicios también mejoraron, reconocen los abogados que habitualmente litigan en estos tribunales. "La gestión en la etapa declarativa (juicio) ha mejorado muchísimo, desde 2005 -cuando empezó la reforma-, que se demoraban ocho meses mínimo y hasta dos años, a hoy, que la resolución de una causa de menor complejidad tarda 60 o 30 días, y seis meses si se trata de un caso complejo, lo que me parece razonable", comenta el abogado y profesor de Derecho de la U. de Chile Cristián Lepin.

 

Probablemente, uno de los elementos clave para la descongestión de los juzgados de familia, entre otras medidas adoptadas por la Corte Suprema, fue la creación en 2009 del Centro de Medidas Cautelares y de Cumplimiento (UCC), cuya coordinación hace poco más de un año y medio está en manos de la magistrada Karen Hoyuelos, quien recuerda que cuando asumió el cargo el tema de cumplimiento era el que concentraba el mayor número de reclamos en el sistema de familia.

 

Lo cierto es que de nada vale una sentencia favorable si su ejecución será imposible o, en el mejor de los casos, dilatada, advierten los abogados, y la jueza a cargo de la UCC comparte, de cierta manera, esa opinión al reconocer la importancia de esta etapa del proceso en general, pero aún más en materia de familia, donde la ejecución puede ser prácticamente permanente, debido a los reiterados incumplimientos de una de las partes en asuntos como visitas o pago de alimentos, por ejemplo.

 

Actualmente, en los tribunales de familia de Santiago, apoyados administrativamente por esta unidad, las resoluciones de cumplimiento se dictan en promedio en 24 horas y las órdenes de arresto se despachan en 15 días, y "eso es bastante rápido, considerando que hay que notificar liquidaciones, esperar los plazos legales", dice Karen Hoyuelos.

 

 

¿Cuáles son los desafíos en el mediano plazo en materia de cumplimiento? Un tema que la judicatura, los abogados y la academia creen que debe cambiar es la regulación existente para el procedimiento de ejecución de las sentencias, el que se encuentra en cuerpos legales ajenos a la ley de los tribunales de familia.

 

"Es un tema que se descuidó en la ley original y en sus reformas posteriores, que no se ha incorporado y que creo es necesario evaluar", plantea Lepin. Y, en la misma línea, la profesora de Derecho de la U. de Talca, Marcela Acuña, agrega: "Creo que esta remisión a las normas generales no es eficiente para todos los casos, a lo mejor para algunos sí, pero el drama humano que está detrás (de las causas de familia), creo, justifica reflexionar sobre la necesidad de soluciones diversas".

 

En 2010, de hecho, la jueza Hoyuelos y dos magistradas más elaboraron un manual que aborda el tema del cumplimiento, pues, explica la coordinadora de la UCC, "es un tema que en familia está establecido en distintas normas, no hay una orgánica completa dedicada solamente al cumplimiento en familia, como la hay en materia civil, por ejemplo; y desde esa perspectiva estuvimos reflexionando sobre las normas, lo que nos ha permitido generar algunos criterios más o menos uniformes". Aclara, no obstante, que el texto no es vinculante y que cada juez es libre al momento de resolver.

 

También la abogada y presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Marianela Villarroel, piensa que se debe unificar este asunto, y plantea además que "sería interesante que hubiera una sola persona encargada de los cumplimientos, un magistrado, porque actualmente lo ve cada tribunal, y eso hace que sea más lento" y que, eventualmente, pueda haber distintos criterios sobre una misma materia.

 

En la parte procesal, agrega Villarroel, "algo que hoy no existe es la posibilidad de recurrir de las resoluciones de cumplimiento mediante apelación, y eso, creo, debería modificarse (...) Si se está en una causa de cumplimiento, no existe posibilidad de recurrir al tribunal superior, porque la ley no lo contempla, y ése es un tema complicado, que a los abogados nos preocupa".

 

 

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