Según la prensa, la Corte Suprema habría calificado de intromisión política en el Poder Judicial las disposiciones de un proyecto de ley que se refiere a la modificación del sistema de calificación de los jueces. Según el proyecto en cuestión, el Ministerio de Justicia tendría, cada dos años, la facultad de dictar un reglamento fijando criterios para la calificación de los jueces, el que consideraría datos objetivos para medir su gestión.

 

Una de las garantías esenciales para que exista un Estado de Derecho es la independencia del Poder Judicial de los poderes políticos. Si estos últimos se entrometen en el funcionamiento de los tribunales, se acaba la independencia de éstos. En efecto, los datos objetivos que se tomarían en cuenta, según el proyecto, los fijaría el Ejecutivo, y a juzgar por las críticas que se han hecho a resoluciones dictadas recientemente, puede uno imaginarse los que se incluirían en el proyectado reglamento.

 

Lo que es más grave, se han hecho críticas a decisiones tomadas conforme a los antecedentes y a la legislación actual. Tal vez algunas personas echan de menos el sistema antiguo que les permitía a los jueces del crimen mantener detenidos a los sospechosos que la policía ponía a su disposición durante cinco días, al cabo de los cuales, se hubiera o no reunido nuevos antecedentes, el juez sometía a proceso o dejaba en libertad al detenido.

 

El resultado era que muchas personas estaban detenidas varios días siendo inocentes. Este sistema puede parecerles bien a los encargados de la seguridad pública, pero no al inocente y a la familia de éste que injustamente se ve privado de libertad. No cabe duda de que más vale delincuentes libres que un inocente en la cárcel, y ése es uno de los dos grandes méritos de la reforma procesal penal, que asegura el derecho del inocente.

 

Volviendo al tema de la calificación de los jueces, siento que mi larguísima trayectoria en el Poder Judicial me autoriza a dar una opinión fundada. Fui socia fundadora de la Asociación de Magistrados, en la que luchamos por años para obtener una calificación más justa; lo logramos y es la actual, en la que se consideran diferentes rubros. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que era mejor y más objetiva la antigua, que sólo comprendía la eficiencia, celo y moralidad.

 

Finalmente, he llegado al convencimiento de que en atención a las funciones que desempeñan, los jueces no deben ser calificados, debe partirse de la base de que todos reúnen los requisitos para desempeñar su cargo. Pero si en el ejercicio del mismo demuestran negligencia, ignorancia inexcusable o cometen cualquier acto reprochable, deben ser sancionados, pudiendo incluso perder la titularidad del cargo según la infracción de que se trate. No debe confundirse al juez con un funcionario de la administración pública, puesto que él conforma el Poder Judicial y por ello debe gozar de absoluta independencia.

Gravísimo me parece este paso que se ha dado sin pensar que con él se socava la independencia del Poder Judicial, so pretexto de resguardar la seguridad pública.