En un Estado democrático de Derecho no sólo es lícito, sino conveniente hacer un análisis crítico sobre las resoluciones de los tribunales, sobre todo cuando afectan el interés general. Sin embargo, lo anterior no puede amparar la reciente actuación de la ministra de Medio Ambiente, que se suma a diversas críticas hechas por otros personeros de Gobierno frente a decisiones judiciales.

 

Al señalar que en el caso de Central Castilla la Corte Suprema carece de competencia para resolver el asunto sometido a su decisión y que su fallo afecta la institucionalidad ambiental, la ministra va más allá de la crítica, cuestionando una facultad exclusiva del Poder Judicial establecida en texto constitucional expreso.

 

Acerca de los fundamentos del fallo, la ministra sostiene su crítica a partir de una cierta visión política sobre cómo debería entenderse nuestra precaria institucionalidad ambiental, la cual es cuestionada incluso al interior de su propio sector.

 

Si a la autoridad política no le gusta la interpretación de la ley efectuada por los tribunales designados por la Constitución para tal efecto, tiene la facultad de expresarlo formalmente a través de la presentación de un proyecto que la modifique, pero no puede hacer declaraciones públicas amparada en su cargo, cuestionando al Poder Judicial por decidir en contra de sus convicciones.

 

Si a los miembros del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo la Constitución les prohíbe hacer algo que se les permite a los demás ciudadanos, es precisamente por la necesidad de resguardar efectivamente la independencia del Poder Judicial, pilar de toda democracia de verdad.