El Presidente de la República cumplió su compromiso de presentar un proyecto de ley que divide el Sename, creando dos nuevos servicios, el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente (SNRPA), dando también con ello cumplimiento a las recomendaciones del Comité de la Convención de los Derechos del Niño.

 

En materia de protección, el Ministerio de Desarrollo Social prepara un proyecto de ley de protección integral de derechos que sirva de marco legal a la protección de la infancia en general; hemos trabajado con el Poder Judicial en la supervisión de residencias de protección y generado 1.246 nuevas plazas para programas de maltrato grave y abuso sexual, lo que significa un aumento de las transferencias por cerca de 1.900 millones de pesos.

 

En responsabilidad penal adolescente hemos sistematizado y publicado las recomendaciones de las Comisiones de Supervisión de Centros de Privación de Libertad de Adolescentes, a fin de asegurar el resguardo de los derechos y de condiciones de vida en los centros del Sename y secciones juveniles de Gendarmería. Estas supervisiones han sido fundamentales para la puesta en marcha de un plan de 11 medidas para la reinserción juvenil.

 

Por su parte, el Sename ha desarrollado un estudio de reincidencia, que por primera vez instalará un procedimiento para producir indicadores de reincidencia propios, que permitan orientar con base empírica las políticas públicas y el diseño de programas.

 

Lo anterior ha significado incorporar más de 12 mil millones de pesos al presupuesto del Sename; sin embargo, nos asiste la convicción de que no basta la mera inyección de recursos, sino que además ésta debe complementarse con una modernización de la gestión institucional. Dentro de las innovaciones que contempla el proyecto, se ha establecido que los directivos de la institución sean escogidos a través del sistema de Alta Dirección Pública, lo que refuerza la idea de un servicio técnicamente posicionado, con mayor capacidad de decisión a nivel regional y que potencie el trabajo conjunto con las instituciones colaboradoras, cuyo valioso aporte debe ser relevado.

 

La apuesta por una nueva institucionalidad en materia de infractores busca avanzar desde un sistema centrado en la administración de sanciones hacia un servicio enfocado en fortalecer las herramientas para que los y las adolescentes se reinserten en la sociedad, con la consecuente reducción de las tasas de reincidencia delictual.

 

Patricia Pérez Goldberg

Subsecretaria de Justicia