En la experiencia internacional avanzada, hoy se sabe técnicamente que no basta la presencia de algún factor negativo particular para que un niño desarrolle una trayectoria de comportamientos problemáticos: es la ocurrencia conjunta e interacción de factores de riesgo individuales, familiares, del grupo de pares, comunitarios y sociales la que desde temprana edad predispone a un pequeño grupo de niños a tales conductas problemáticas, entre ellas el consumo de drogas y actos antisociales o delictivos.

 

Este conocimiento, sin embargo, no ha permeado las políticas públicas en nuestro país, y la respuesta del Estado ante conductas violentas de niños y jóvenes (sean estos imputables o no) dista enormemente de lo requerido en cuanto a oportunidad y cobertura, y sobre todo en cuanto a calidad. Las "11 Medidas para la Reinserción Juvenil" ahora impulsadas por el Gobierno, que subsanan materias tan básicas como la alimentación de jóvenes que cumplen condena, dan cuenta de la escasa prioridad que esta área ha tenido en el pasado, lo que contrasta con su importancia, ya que es la pieza clave para lograr bajas sostenidas en la delincuencia.

 

Una oportunidad muy valiosa para que Chile se ponga al día en esto -reiteradamente planteada por este diario- la constituye el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, que separa el Servicio Nacional de Menores en dos: el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia -que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y atenderá a alrededor de 500 mil menores de edad vulnerados en sus derechos-, y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente-que quedará en el Ministerio de Justicia y ejecutará las sanciones impuestas a unos 13 mil jóvenes.

 

Con esta nueva institucionalidad, la coordinación (pues habrá menores inimputables con conductas violentas reiteradas y jóvenes imputables en situaciones de vulneración que exceden el ámbito de acción de las sanciones impuestas) y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de todas las instituciones públicas y privadas serán determinantes para que el nuevo diseño, efectivamente, responda a las reales necesidades de nuestra población más vulnerable.

 

A todo evento, el rescate de estos sectores no puede seguir retrasándose. El actual gobierno se ha comprometido a poner enérgico término a esta dilación que se arrastró por los gobiernos anteriores. Transcurridos ya dos años de esta administración, es impostergable que estas nuevas políticas e institucionalidad reciban máxima urgencia legislativa y administrativa, y se apliquen desde el próximo año. No cabe imaginar que puedan encontrar oposición.