Diario La Tercera
Sábado, 4 der agosto de 2012
Negocios En los últimos días los temas de libre competencia y monopolios coparon la agenda del decano de Economía de la UC, Francisco Rosende. Luego de que la comisión anticolusión que presidió entregara al Presidente su informe final, ha participado en varios seminarios sobre la materia. La próxima semana espera entregar a La Moneda el nuevo informe que le solicitó Piñera. Aclara, en todo caso, que más bien se trata de precisiones. Rosende afirma que la legislación actual “es buena”, aunque perfectible en ciertos aspectos. A su juicio, las prioridades deben ser dos: que los casos de libre competencia y sanciones se vean en los organismos especializados -Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)- y que todos las fusiones requieran consulta previa si superan un determinado umbral. Explicó que en otras economías se fijan umbrales en base a algún indicador de escala de la operación, que puede ser el valor de la operación o de los activos de la empresa involucrada. La comisión no llegó a acuerdo de si se deben restablecer las sanciones penales para casos de colusión. En opinión de Rosende, por ahora no son necesarias, pero no descarta que en un futuro se le pueda otorgar al TDLC la facultad de aplicarlas. ¿A su juicio era necesario hacer una comisión como esta para reformar la legislación de pro competencia? Visto retrospectivamente creo que sí. En este proceso nos fuimos convenciendo todos los miembros de la comisión de que no obstante los procesos de mejoramiento de la ley que ha habido en los últimos 10 años, existían algunos problemas relativamente importantes y que era necesario abordar. ¿Por qué no está de acuerdo con las penas de cárcel? Prefiero que no existan estas sanciones porque acabamos de plantear las reformas, se elevaron considerablemente las multas y es algo que está funcionando. Esto no quiere decir que en el futuro no descubramos que es necesario añadir las penas penales, no tengo un visión religiosa del tema. Pero lo que quiero plantear como mi prioridad es desde el punto de un marco institucional, casos que atenten contra la libre competencia deben estar en manos de tribunales especializados. Además, propusieron derogar los artículos 285, 286 y 287 del Código Penal. ¿Cómo se podrían perseguir penalmente casos como el de las farmacias si el TDLC no tiene esas atribuciones? Respuesta corta: si se derogan esos artículos no se podría. Ahora, cuando hicimos esta discusión no nos planteamos en términos de las consecuencias en procesos en desarrollo. ¿Se podrían dar las atribuciones al TDLC a futuro? Efectivamente. Sí se pueden incorporar, aunque yo creo que en este minuto es preferible que funcione el esquema con las multas que hay disponibles. Pero estaría al amparo de un tribunal especializado en estos temas complejos. Con el mayor respeto que me merecen todos los órganos de administración de justicia, no me parece prudente que la administración tan severa como la sanción penal sea administrada por tribunales no especializados. ¿Qué pasaría con la división del Ministerio Público de Delitos de Alta Complejidad? Mientras no haya un cambio en el ordenamiento jurídico, el trabajo de ellos quedará circunscrito a aquellos delitos económicos que no tengan que ver con la competencia. La redacción de la ley, que es de 1879, desde el punto de vista práctico, es de una dificultad brutal de ser usada. Es más, le estamos entregando a un juez no especializado lo que es definir el precio natural. Creo que es un tema no menor desde el punto de vista de la administración de la justicia. ¿Cómo evalúa los tiempos que duran hoy este tipo de casos? La idea es ir acotando los plazos. Aquí hay que balancear dos cosas, primero el hecho de que la legislación deba sancionar duramente una conducta que es lesiva para el funcionamiento de la economía de mercado, pero al mismo tiempo tiene que establecer derechos adecuados para todas aquellas personas que estén siendo parte del proceso. En ese sentido, creo que estamos tratando de armonizar esfuerzos: por un lado sanciones e instrumentos adecuados y, por el otro, procesos bien definidos, transparentes y con los plazos adecuados. ¿Pero cómo se podrían acortar los tiempos de investigación en el TDLC, por ejemplo, en el caso de una fusión como fue la de Falabella y D&S? Yo creo que hay varias maneras. Dado el volumen de la operación quedaría muy claro que ellos estarían por sobre el umbral de la operación y ellos tendrían que preparar la información “antes de” de tal forma que fluya rápidamente. El sistema de hoy está muy bien inspirado, pero resulta que en la práctica no funciona porque no es voluntario. ¿Los umbrales deben ser distintos para industrias consideradas más sensibles en estos temas? Yo creo que lo más simple es tener umbrales parejos, porque hay empresas que están en distintas áreas. Ahora, no creo que sería tan complicado tener por industria en función de su participación en el PIB, pero al principio me gustaría partir con umbrales parejos. |
