Con calma se ha tomado el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, las críticas surgidas contra la reforma procesal civil. Primero, fue un grupo de 83 profesores de derecho privado de distintas universidades del país y, luego, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) manifestó también su disconformidad con algunas de las modificaciones planteadas en el nuevo código. Los académicos estamparon su parecer en una carta dirigida a la autoridad. El presidente del CDE, Sergio Urrejola, le hizo una llamada telefónica y más tarde reiteró sus aprensiones en una entrevista en El Mercurio Legal.

 

El abogado responde a las voces disidentes, y aunque aclara que el proyecto en trámite es el que "más representa a la sociedad chilena", porque "durante ocho años se trabajó y se escuchó a múltiples personas", no se cierra a la posibilidad de introducir ciertas modificaciones. La supresión de la segunda instancia es, por ejemplo, "un tema relevante y trascendente, y habrá que ver cómo se debate finalmente en el Congreso. Ahora, esta discusión está abierta", dice.

 

¿Eran previsibles los cuestionamientos? Lo cierto, explica Ribera, es que reformar un código vigente desde 1903 conlleva "una gran disposición al cambio y un gran temor a lo que viene (...) cambian las reglas del juego y también el mundo judicial, que es un mundo con un fuerte componente conservador". Los abogados -continúa- están formados para "conservar las estructuras jurídicas y no para revolucionarlas"; por eso, cree que para lograr la aceptación del proyecto serán necesarios "sucesivos procesos de sociabilización".

 

Con este escenario, concluye, lo único que queda es "tener mucha paciencia y constancia, escuchar a las personas y estar dispuesto, incluso, a realizar modificaciones, si sus argumentos son convincentes". Además, "si hay algún tema nuevo (...) profundamente justificado, estoy seguro de que el Congreso lo considerará".

 

 

¿Qué contesta a los reparos provenientes de círculos académicos y del Consejo? Lo primero, dice, es que como profesor "he gozado con la profundidad y la pasión que algunas personas han expresado sus puntos de vista en la comisión de Constitución de la Cámara. (...) Uno se da cuenta de que un cuerpo legislativo de esta trascendencia es para la academia un boccato di cardinale ".

 

En cuanto a las objeciones reseñadas en la carta, entiende que están dirigidas principalmente "a cuatro temas puntuales, que no cuestionan el código en su esencia. (...) Por eso, no veo esto como un riesgo vital para el código".

 

Sobre las aprensiones del fisco, que concentra una alta tasa de demandas, indica que recibió un llamado del presidente del CDE, donde "me hizo presente su preocupación, porque consideraba muy breves los tiempos de emplazamiento para la capacidad de respuesta del Estado".

 

En este asunto, advierte, hay "un tema de gran discusión. Si el Estado debe tener una reglamentación especial para responder atendida su menor capacidad de gestión judicial o si lo que tiene que hacerse es incrementar su capacidad de gestión", pero eso -dice- deberá debatirse en el Congreso. ¿Si se había pensado en esta situación? "No se había pensado en ello, toda vez que el Estado, ya sea como actor o demandado, debe someterse en principio a la situación de cualquier persona natural o jurídica", explica.

 

 

Ribera espera que la tramitación y aprobación del código pueda concluirse durante el actual gobierno, pero sabe que su implementación requerirá de la adecuación de otros cuerpos legales y que, luego, su puesta en marcha será temporal y territorialmente en forma gradual. Por ello, dice, "estamos hablando de un código que para que esté vigente en todo Chile fácilmente va a requerir de unos ocho años".

 

De ahí que le parezca legítimo preguntarse si es posible hacer algunas adecuaciones "con el fin de no tener que esperar ocho años para avanzar en algunos temas puntuales". ¿Dividir el tratamiento de la reforma y sacar primero los juicios ejecutivos, de cobranzas, del ámbito jurisdiccional? A su juicio, "si hay un aspecto revolucionario en el nuevo código es la función del oficial de ejecución" y ese es uno de los temas que "puede generar más discusión. Pensar en su implementación previa, parece poco plausible".

 

¿Qué ha sucedido con las modificaciones orgánicas asociadas a la reforma? El ministerio conformó tres paneles de expertos para analizar las tasas judiciales, los sistemas alternativos de resolución de conflictos y el modelo de oficial de ejecución, pero habrá que esperar para conocer sus avances porque -para Ribera- "la orgánica responde al código y no al revés".