Durante años se pensó que las mujeres debíamos tratar de igualarnos a los hombres para integrarnos al mundo del trabajo en igualdad de oportunidades. No somos las mujeres quienes debemos transformarnos para participar de un mundo laboral altamente masculinizado, sino éste el que debe modernizarse para poder contar con el aporte fundamental de las mujeres.

 

La nueva ley de posnatal implica el cambio cultural más profundo que hemos experimentado como sociedad en las últimas décadas, otorgando un derecho que viene a cambiar esa antigua mirada. Marca un antes y un después en la vida de miles de madres trabajadoras que hoy pueden estar más tiempo con sus hijos recién nacidos, permite retornar al trabajo de manera flexible y da la opción de incorporar al padre en el cuidado.

 

Un derecho que, por primera vez, cubre a todas las madres trabajadoras que coticen, ya sean del sector público o privado, dependientes o independientes, temporeras o que se desempeñen por obra, faena, a honorarios y/o por cuenta propia.

 

Cambios modernos, flexibles e impensados hace apenas dos años. Todos plasmados en una ley redactada de la manera más amplia posible para abarcar la mayor cantidad de realidades particulares.

 

La llamada "rebelión de las juezas" es una de estas situaciones particulares. Lo que ellas solicitan es la derogación de parte del artículo 6 de la ley posnatal parental, para que el Estado pague el sueldo íntegro a las funcionarias públicas durante este nuevo permiso, independiente de lo que ellas cotizan.

 

Lo que plantean es una legítima aspiración económica, y no la renunciabilidad o irrenunciabilidad a su derecho de posnatal, como algunos han sugerido. Piden que durante el período del nuevo permiso parental, que puede ser de 12 semanas completas o 18 semanas a media jornada, se les pague el total de sus remuneraciones y no un subsidio basado en sus cotizaciones, como sucede con todo el resto de las madres trabajadoras de Chile.

 

Su requerimiento es absolutamente comprensible; a todas nos gustaría tener un posnatal que pagara el total de lo que gana una mujer. Sin embargo, por un principio de justicia, en este nuevo permiso se establece que el subsidio se base en las cotizaciones que las trabajadoras realizan con el mismo tope imponible, 67,4 UF, sin hacer diferencias entre el sector público y privado.

 

Sus cuestionamientos -insisto-, legítimos y atendibles, generan otras inquietudes: ¿Existen en Chile trabajadoras de categoría A y categoría B?; ¿es deber del Estado pagarles a las funcionarias del sector público más de lo que ellas cotizan?; ¿es justo hacer excepciones con algunas funcionarias?

 

Es el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse. Legítimos problemas económicos debieran buscar solución en herramientas económicas, es por eso que el posnatal parental permite volver a trabajar en media jornada desde el primer día con el 50% del subsidio estatal y sin tope de pago por parte del empleador; también se pueden analizar el uso de seguros complementarios o ahorros optativos para las trabajadoras de altos ingresos, como ocurre en el caso de las pensiones para jubilación.

 

Así, mientras más de 70 mil madres chilenas ya hicieron o están haciendo uso de su posnatal parental impulsado por el Presidente Sebastián Piñera, la reflexión sobre la llamada "rebelión de las juezas" debiera incorporar en el análisis, además de juicios respecto de la merma de ingresos o de libertad, argumentos sobre la justicia, equidad, interés público y bien común. No podemos olvidar que las leyes buscan dar solución a los problemas de la mayoría por sobre los privilegios particulares.

 

En Chile ya no es necesario elegir entre ser buena madre o buena trabajadora. La nueva ley de posnatal permite volver a trabajar desde el primer día del permiso parental en media jornada, para que la mujer junto con dedicar tiempo a su hijo continúe su desarrollo profesional. Esa añeja encrucijada entre familia y trabajo debe ser superada definitivamente, si aspiramos a ser un país desarrollado y feliz.