Hace unos días se dio inicio a la expansión de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), en la VI y la VII Región. En Chile, el programa se implementa en 2004, con un piloto en Valparaíso. De ahí en adelante, logran instalarse en el país ocho tribunales bajo esta modalidad, los cuales se encuentran actualmente en funcionamiento.

 

Posteriormente, la coordinación de esta iniciativa fue asumida por el Ministerio de Justicia, el cual le imprimió el sello de política pública, abogando tanto por su extensión a nivel territorial, como por la utilización de otras herramientas legales para ampliar su uso en el contexto del proceso penal.

 

El modelo de Tribunales de Tratamiento de Drogas supone dejar de lado el enfoque adversarial -propio de nuestro sistema de enjuiciamiento-, reemplazándolo por uno basado en la justicia terapéutica. Estas prácticas pretenden incrementar las consecuencias terapéuticas de la ley, buscando moldear la legislación y los procesos legales, de forma de ayudar a los imputados y sus víctimas.

 

En particular, la justicia terapéutica pone énfasis en la rehabilitación del infractor, para lo cual se debe recurrir a las intervenciones y tratamientos de las agencias especializadas.

 

Este tipo de prácticas muestra en la experiencia internacional resultados satisfactorios. Así, mediante estudios experimentales se ha logrado establecer una reincidencia 10% menor en aquellos sujetos que han pasado por Cortes de Drogas, comparados con el grupo de control.

 

En el caso chileno, si bien existen estudios cualitativos que han evaluado positivamente esta experiencia, uno de los desafíos debe ser el contar con información robusta que permita evaluarla rigurosamente.

 

Por otro lado, su adecuada implementación supone varios aspectos. Por una parte, y a propósito de las capacitaciones, es necesario que los operadores logren apropiarse del modelo terapéutico en sus prácticas, con miras a obtener el resultado deseado, que debe tener como norte la rehabilitación del infractor.  A esto, se debe sumar la existencia de una adecuada plataforma de programas que permita prestar la oferta de tratamiento de las adicciones.

 

Finalmente, resulta fundamental el poder ampliar las herramientas legales con que cuentan los intervinientes a otras instituciones, como la suspensión de la ejecución de la pena, que permitan abordar perfiles más complejos y que presenten mayores desafíos en términos de la rehabilitación. Esto resulta fundamental para su consolidación como política pública y, sin duda, requerirá un esfuerzo de los legisladores en torno a fortalecer estas buenas prácticas.