Las acciones que se vienen realizando desde hace años en el Poder Judicial para acrecentar la transparencia, la rendición de cuentas de nuestro actuar y asegurar la probidad como elemento rector de todo nuestro quehacer son de gran importancia para los usuarios del sistema de justicia y para el público en general y constituyen el cumplimiento de obligaciones legales y morales, que más temprano que tarde harán posible el reconocimiento de la comunidad nacional.

 

Acabamos de realizar en Arica, los días 21 y 22 de junio, un seminario sobre estos temas, para jueces y funcionarios de esa jurisdicción, Iquique y Antofagasta. Fue el primero a nivel regional y se inscribe en el programa de trabajo de nuestro convenio con el Banco Mundial sobre esta temática.

 

Discutimos allí de la transparencia como un medio para preservar otros valores como la probidad, la integridad, el compromiso, la rendición de cuentas y la presunción de inocencia.

 

Escogimos la ciudad de Arica, como una señal frente a las situaciones detectadas, no sólo en un tribunal de esa región, sino que a nivel del aparato público en general, las que han provocado dudas en la población sobre el correcto desempeño de las instituciones del Estado. Estamos comprometidos con la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas como principios que guían nuestro actuar, pues estamos ciertos de que solamente por esa vía mejoraremos no sólo la alicaída percepción que tienen nuestros usuarios, sino que cumpliremos de mejor forma la labor que nos demandan 17 millones de chilenas y chilenos.

 

Nuestro objetivo fue transformar este encuentro en una buena oportunidad para seguir internalizando prácticas en las que estamos empeñados y que asienten nuestra decisión de ofrecer un servicio de excelencia, probo e incorruptible a todos los ciudadanos de este país.

 

También discutimos sobre los límites en el resguardo de la identidad y la presunción de inocencia en el sistema penal, teniendo presente que la publicidad es un principio consustancial de ese sistema procesal.

 

Lo que buscábamos era debatir qué sucede cuando en pos de resaltar la eficacia de las policías o de algunos intervinientes en el proceso se exacerba la exhibición de detenidos o imputados, o incluso de víctimas, ver qué sucede cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, cómo se deben conciliar todos estos derechos que están en juego. Y fue la primera vez que discutimos estos asuntos con jueces, representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública.

 

Perfeccionarnos resulta entonces indispensable para enfrentar cada día los nuevos y más complejos desafíos que provienen de las exigencias de una ciudadanía más ilustrada, más consciente de sus derechos y más fiscalizadora.

 

El control ciudadano sobre nuestro quehacer es algo que nos debe preocupar y ocupar. Nuestras acciones están permanentemente siendo objeto de la publicidad y del conocimiento público. Nuestras resoluciones y sus fundamentos son severamente analizados, criticados y aún discutidos, conducta que debemos entender como una manifestación saludable de los debates de una sociedad democrática.

 

Es por ello que nuestros esfuerzos van mucho más allá. Desde marzo de este año hemos incorporado el Poder Judicial a las redes sociales Twitter, Facebook y Youtube, para acercarnos a nuevos usuarios y a nuevos públicos, para difundir lo que hacemos.

 

Nos interesa acercarnos a la comunidad, que la gente conozca y entienda nuestro quehacer, funciones y atribuciones. Y por eso, reconocemos la buena acción de jueces que dialogan con grupos de la comunidad en la que trabajan y a quienes explican su labor y sus resoluciones en forma sencilla y accesible para que una mayor cantidad de personas las entiendan.

 

Los avances registrados durante el último lustro son importantes y los resultados se pueden apreciar: hoy, el Poder Judicial de Chile ocupa el primer lugar entre los 35 países miembros de la OEA en acceso a la Información a través de Internet, de acuerdo al informe anual 2011 de CEJA; y es el Poder del Estado mejor evaluado por los medios de comunicación en acceso, oportunidad y confianza de su información, según la versión 2011 del Barómetro de Acceso a la Información Pública de la Fundación de la Prensa, la Universidad Adolfo Ibáñez y Adimark.

 

Sin embargo, no cabe duda de que sólo es el comienzo de un largo camino, pues la sociedad, con justa razón, nos demanda con mayor intensidad información oportuna, de calidad y exige una conducta intachable de quienes estamos llamados a administrar justicia.