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Responsabilidad penal adolescente: desafíos urgentes por Georgy Schubert Studer, Defensor Nacional
Diario La Segunda
Lunes, 11 de junio de 2012
Redacción
 
 
El viernes pasado se cumplieron cinco años desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), buscando adecuar nuestra legislación a la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a tener un sistema penal especial para responder al delito juvenil.
 
Esto significa un sistema de sanciones menos punitivas y orientadas a la integración social, que refuerce el debido proceso por medio de jueces, fiscales y defensores especialmente garantizados a los menores de edad, como la educación, la salud y la vida familiar, todas condiciones vitales para su desarrollo personal y que cualquier sistema penal pone en riesgo. Sin embargo, no pocos problemas que afectan a la justicia penal adolescente en Chile y que se encuentran vigentes antes, durante y después de la misma.
 
Antes de que un joven en situación vulnerable cometa un delito, es nuestra sociedad la que tiene una enorme deuda con él. En Chile, carecemos de un sistema efectivo para hacer exigibles los derechos de los niños cuando estos no se respetan. Pasa con la educación, la salud (en especial, la mental), el apoyo a una vida familiar digna, el derecho al tiempo libre, al esparcimiento y con la protección frente a la violencia (también la institucional).
 
Si bien han transcurrido cinco años de aplicación de la ley, aún son escasas las evaluaciones serias sobre su funcionamiento, pero las que existen reportan un problema central: la justicia juvenil se parece demasiado a la de los adultos, tanto en su regulación legal como en su forma de actuar.
 
Si bien se abre paso en la jurisprudencia una tendencia a aplicar la ley de acuerdo con la Convención, aún es frecuente que los actores del sistema judicial traten a los adolescentes igual que a los adultos y, cuando no lo hacen, aplican criterios antiguos supuestamente protectores, pero que en realidad ponen a los jóvenes en una peor posición legal que a los mayores.
 
La especialización todavía es muy escasa. En el caso de la Defensoría, contamos con 50 abogados especializados en adolescentes; tal dotación solo nos permitirá atender al 70% de los jóvenes que lo requieran este año.
 
Después de la aplicación de esta ley y, pese a los esfuerzos del Sename, la escasez de una oferta socioeducativa pertienente -que permita a los jóvenes salir del mundo del delito como medio de subsistencia- y el cierre de oportunidades por la estigmatización que sufren son una falencia que conviene subsanar pronto. Es necesario dejar de mirar a los jóvenes como riesgo y pasar a reconocer sus fortalezas y potencialidades para desarrollarlas y no coartarlas.
 
Los jóvenes que han cometido un delito están respondiendo ante la justicia. En eso, el sistema, en general, no falla. Son detenidos, llevados ante los tribunales y privados de libertad en muchos casos. Lo que no están haciendo es responder ante una justicia realmente especial. Y lo que no están haciendo es responder ante una justicia realmente especial. Y lo que no estamos haciendo como sociedad, es cumplir nuestra promesa de facilitar su integración social antes de que lleguen a cometer delitos, porque cuando son infractores de la ley -que es cuando actúa el sistema- muchas veces ya es demasiado tarde.
 
Estos son solo algunos de los desafíos urgentes que debemos enfrentar para mejorar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
 

Georgy Schubert Studer
Defensor Nacional
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