Diario La Tercera
Lunes, 21 de mayo de 2012
Opinión Hace algunas semanas ingresó a tramitación legislativa el proyecto de “Fortalecimiento del Ministerio Público”. Este responde a una necesidad de la institución considerando los incrementos que han mostrado sus ingresos luego de la implementación de la reforma procesal penal, lo que ha generado una brecha entre la demanda proyectada y la efectiva sobre la cual se contempló la dotación inicial. Para enfrentar esa mayor demanda, el Ministerio Público trabajó un proyecto asociado a un aumento de la dotación. La iniciativa se estructuró en tres ejes: la necesidad de generar una nueva orgánica que pudiera absorber la investigación de casos complejos; el reforzamiento de la tramitación de causas de menor y mediana complejidad y la creación de una “unidad de análisis criminal”; y el fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos. El primero de estos ejes resulta importante en la medida que se plantean desafíos en la investigación de delitos complejos, buscando sofisticar la persecución de estos hechos. El segundo eje permite efectuar un trabajo de análisis de los mercados delictuales, buscando incidir en las tasas de esclarecimiento de causas asociadas a imputados desconocidos que hoy mayoritariamente finalizan en archivos provisionales. El tercero apunta a la necesidad de otorgar una mejor atención y entrega de información para las víctimas, especialmente aquellas que requieren mayor protección, evitando generar iniciativas inconducentes como la creación de una defensoría de víctimas. Lo destacable de este proyecto es que no sólo contempla más personal para palear el déficit en recursos humanos, sino que plantea el crecimiento en base a nuevas estrategias y metodologías. Sin embargo, existen dos puntos sensibles que afectan la esencia del proyecto y de la institución. El primero de ellos puede verse perjudicado considerando los ajustes de dotación efectuados. En el proceso de diseño del plan de fortalecimiento intervinieron expertos ajenos a la institución -entre ellos de Paz Ciudadana- que efectuaron ajustes tanto a su contenido como a los recursos asociados a los mismos. En ese sentido, llama la atención que la dotación de fiscales y administrativos se haya rebajado a la mitad en el proyecto definitivo, sin existir antecedentes en torno a esta decisión. El segundo elemento dice relación con la autonomía institucional. Así, el proyecto contempla una norma que pudiera lesionar la misma en la medida que establece la determinación de metas anuales con sus respectivos indicadores. Si bien resulta relevante la fijación de metas, la distorsión se presenta cuando interfieren órganos del Ejecutivo de carácter eminentemente político en la fijación de metas asociadas a la persecución criminal, que aunque adecuadas y bien intencionadas, dan cabida a eventuales futuras intervenciones en definiciones que pudieran restar objetividad y transparencia a la función persecutora criminal. Javiera Blanco
Directora ejecutiva de la Fundación Paz Cuidadana
Ana María Morales
Directora Área Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana |