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La importancia de la reinserción por Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana
Diario La Tercera
Lunes, 23 de abril de 2012
Opinión
 
 
 
Con el apoyo transversal de los senadores, el Congreso aprobó la Ley de Indulto General que beneficiará a alrededor de 6 mil 500 personas condenadas con reclusión nocturna, con beneficio de salida controlada al medio libre, mujeres con buen comportamiento y extranjeros que hoy cumplen penas de cárcel. Esta medida es una salida necesaria y paliativa, en el corto plazo, a los problemas endémicos que enfrenta nuestro sistema penitenciario y que bordea actualmente el 60% de hacinamiento. Sin embargo, es necesario contar con iniciativas en el más largo plazo, como una política nacional de reinserción y rehabilitación para quienes han infringido la ley.
 
Esta aprobación se ha dado en un contexto en que la ciudadanía ha reaccionado temerosa, señalando que se dejaría en libertad a gente que presenta un potencial peligro para la sociedad. Sin embargo, tal como lo ha planteado la autoridad, los beneficiados con esta norma son personas con bajo compromiso delictual que estaban cumpliendo penas que sólo implicaban, en la mayor parte de los casos, pernoctar en el penal y que están en la última fase de ejecución de la condena.
 
La evidencia en otros países señala que la cárcel debe ser el último recurso para quienes infringen la ley, y que es mejor que junto con la sanción, esa persona sea también rehabilitada para enfrentar a la sociedad. Lo importante es que perfiles menos complejos (10% de la población penitenciaria cumple penas de encierro por menos de un año) pudieran acceder a un sistema de cumplimiento de penas en libertad, idea que actualmente es un proyecto de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, con un sistema de monitoreo y acompañamiento en libertad.
 
Asimismo, parece urgente también evaluar los programas e iniciativas que están implementándose, respondiendo a la gran pregunta de qué está funcionando y qué no.
 
Hoy el Estado de Chile gasta entre $ 300 mil y $ 500 mil mensuales por recluso, y según estudios de reincidencia, uno de cada dos va a volver a cometer un delito, demostrando que se trata de un sistema carcelario ineficiente. Aquí surge, entonces, una luz de alerta en cuanto a fortalecer la rehabilitación.
 
Chile tiene altas tasas de prisión (314 personas cada 100 mil habitantes), mientras que en los países desarrollados estas tasas corresponden a la mitad. Inglaterra, por ejemplo, cuenta con tasas de 150 personas cada 100 mil habitantes, y aún en esas situaciones ha promovido el indulto cuando han tenido problemas de hacinamiento en sus recintos. Es necesario hacer un uso moderado de la cárcel para que efectivamente puedan estar ahí quienes tengan los perfiles más complejos y contar, a la vez, con un sistema alternativo de penas en libertad para los perfiles menos complejos.
 
En los países desarrollados, tres de cada cuatro personas cumple la condena en libertad y en Chile uno de cada dos. Sin embargo, son estos otros países los que presentan menores tasas de delincuencia. ¿Cuál es la clave? Claramente no es la inocuidad de todo infractor, sino la racionalidad del uso de la cárcel, la diversificación de respuesta penal en libertad y sobre todo, la posibilidad cierta de revertir trayectorias delictivas con mecanismos de reinserción, a lo que esperamos puedan acceder estas seis mil personas.
 
 
 
Javiera Blanco
Directora ejecutiva de la
Fundación Paz Ciudadana
 
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