Con la firma del proyecto de un nuevo Código Procesal Civil para Chile, y su presentación formal ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se dio inicio a una nueva transformación profunda y amplia de nuestro sistema jurídico, fundada en la necesidad de contar en este ámbito con una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía.

 

Al igual como se modificó hace ya más de 10 años el sistema procesal penal, y posteriormente el de familia y laboral, con esta reforma daremos respuesta a las demandas de miles de personas que buscan ante nuestros tribunales que efectivamente se respeten y garanticen sus derechos, deberes e intereses.

 

El texto incluye un conjunto de iniciativas que ofrecerán a los ciudadanos una respuesta oportuna y eficaz a los más de dos millones de conflictos que deben resolverse en sede judicial, y que representan el 58 por ciento de las causas ingresadas a los tribunales durante un año, con promedios de tramitación -sólo en primera instancia- de cinco años y más.

 

Llegamos a esta reforma después de un minucioso trabajo de ocho años que incorporó la visión de destacados académicos, parlamentarios y abogados, que hicieron valiosos aportes a través de instancias convocadas por el Ministerio de Justicia, a fin de precisar una propuesta de consenso que recogiera miradas y opiniones de todos los sectores.

 

El proyecto de nuevo Código Procesal Civil consagra un cambio de paradigma en lo que se refiere al actuar y poderes del juez en el proceso, quien deberá asumir un rol mucho más activo del que hoy le estaba conferido. Nuestros magistrados son profesionales del derecho altamente calificados que debemos cuidar y valorar siempre, por lo que se procurará que se centren en el ejercicio de las labores jurisdiccionales.

 

Se sustituirá un procedimiento esencialmente escrito y desconcentrado por uno de audiencias, con preeminencia de la oralidad, y en el que primen los principios de igualdad de oportunidades, buena fe procesal, inmediación, continuidad y publicidad. Así, las etapas y plazos por las que transita un conflicto, disminuirán ostensiblemente a favor de todos los intervinientes. Por ejemplo, de los 821 días en promedio que demora en resolverse una disputa en primera instancia, pasaremos a no más de 170 días.

 

Con el fin de fortalecer esta sentencia, el proyecto consagra como principio y regla general la posibilidad de solicitar su cumplimiento y ejecución inmediata, aun cuando existan recursos pendientes en su contra. Esto, a través de la "ejecución provisional", ya que los estudios demuestran que gran parte de las sentencias no son impugnadas, o en su mayoría son confirmadas por las Cortes de Apelaciones.

 

Otra modificación relevante será la descentralización de la ejecución, lo que permitirá descargar a los tribunales de sus labores administrativas. Se crea la figura del "Oficial de Ejecución" como órgano especializado, encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo.

 

Actualmente, si un acreedor exige el pago de una deuda, la ley ofrece un juicio ejecutivo para hacerlo efectivo, debiéndose recurrir a un abogado y a un procedimiento que, en el mejor de los casos, puede demorar dos años más. Con la reforma, este oficial será el encargado de llevar adelante las gestiones para responder por la deuda bajo el control permanente del juez y sin necesidad de representación judicial.

 

Por otra parte, el Código reduce a dos los más de veinte procedimientos actualmente regulados por el actual Código de Procedimiento. Se dejarán a leyes especiales materias como el arbitraje, la partición de bienes, el arrendamiento y asuntos judiciales no contenciosos, como por ejemplo las posesiones efectivas testadas o las concesiones de explotación o exploración minera, cuyo conocimiento también es de competencia de los tribunales ordinarios.

 

Nuestro país, y así lo han entendido todos los que han colaborado en la redacción de este proyecto de un nuevo Código Procesal Civil, necesita de un cambio profundo y duradero, que nos permita no sólo modernizar nuestra judicatura, como nos ha solicitado el Presidente de la República, Sebastián Piñera, sino que tenemos que conseguir que cada chilena y chileno cuente con una herramienta efectiva y eficaz de protección de sus derechos, del cumplimiento de sus deberes y el necesario equilibrio procesal frente a nuestros tribunales.