El Ejecutivo ha anunciado en estos días que está estudiando reformular los Tribunales Tributarios y Aduaneros, como consecuencia de la limitada demanda que han tenido desde su instalación. La idea básica es en una primera instancia postergar la entrada en funcionamiento de seis tribunales y cuatro salas especializadas de Cortes de Apelaciones, para luego promover su reformulación.

 

La verdad es que ésta pareciera ser una gran oportunidad para poder resolver adecuadamente lo que constituye una verdadera vergüenza de nuestro Estado de Derecho, la inexistencia de Tribunales Contenciosos Administrativos. La idea central de estos tribunales es que existan instancias especializadas que puedan resolver los conflictos que se susciten entre el Estado y los particulares, resguardando adecuadamente los derechos e intereses de los ciudadanos.

 

Nuestro país ha pretendido su creación desde la Constitución de 1925 y por distintas razones se han postergado desde entonces. A consecuencia de esto, los particulares han pasado desde la indefensión completa, por la inexistencia de este tipo de organismos, hasta la confusión total por la existencia de muy diversas y variadas acciones para impugnar actos de la administración.

 

La ausencia de estos tribunales ha sido satisfecha, por un lado, con el recurso de protección -lo que explica parte de su atrofia y desnaturalización-, y por otro, por una cada vez más variada creación de procedimientos y órganos jurisdiccionales especializados. Según los datos del Poder Judicial, existen en la actualidad más de 180 procedimientos de estas características y de acuerdo a estudios recientes, desde la década de los 90, se han creado cerca de 60 organismos, regularmente fuera del Poder Judicial, con competencias jurisdiccionales especializadas, concentradas esencialmente en asuntos de carácter económico.

 

Esta proliferación de organismos y procedimientos ha dado origen a una situación inorgánica y que en ocasiones afecta seriamente la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. La ironía es que hoy mucho más que antes los particulares pueden utilizar variadas vías de impugnación de las decisiones estatales, pero lamentablemente cada una sectorial, sin sentido sistemático, generando en la mayoría de las ocasiones una gran confusión.

 

La reacción de la Corte Suprema frente a la creación de los Tribunales Ambientales, así como el reciente discurso inaugural del año judicial del presidente de la Corte, señalando lo peligroso que es para un sistema legal la proliferación inorgánica de tribunales especializados, dan cuenta de la necesidad de abordar la creación de organismos de impugnación judicial de los actos estatales con un sentido y criterio unitario.

 

La reestructuración de los Tribunales Tributarios y Aduaneros -competencia clásica de los jueces administrativos en la mayoría de los países del mundo- es una oportunidad inigualable para tratar de resolver sensatamente lo que para muchos de nosotros es una incomprensible postergación del sistema legal, superando una grave deficiencia de nuestro Estado de Derecho, pudiendo generar, además, economías de escala al poder racionalizar una gran cantidad de procedimientos y organismos dispersos en estas materias.

 

La protección jurisdiccional adecuada de los derechos e intereses de los ciudadanos frente a la acción del Estado es una finalidad esencial de un sistema jurídico moderno, y la generación de un sistema institucional razonable, un imperativo impostergable.