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Críticas a la reforma procesal penal por Javiera Blanco, Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana
Diario El Mercurio
Domingo, 18 de marzo de 2012
Opinión
 
La reforma procesal penal es una de las transformaciones más importantes en la historia de nuestro ordenamiento jurídico, y ha sido modelo en los sistemas de justicia en el continente. El nuevo sistema de enjuiciamiento criminal trajo enormes avances en cuanto al respeto a los derechos fundamentales de los actores del sistema, al cumplimiento de las normas de debido proceso y a mejoramientos en los indicadores.
 
Es sin duda un modelo exitoso, por el cual las instituciones lograron desde los primeros meses ser más transparentes y ágiles. Así lo confirmaron las comisiones de expertos que evaluaron el proceso de reforma en 2001 y 2003. Un solo ejemplo: los delitos terminados alcanzaban el 91% de los ingresados en los primeros años de reforma; ya hacia el año 2010, el porcentaje de término se elevó sobre el 129,7%, por el arrastre de años anteriores —es decir, era capaz de terminar lo que ingresaba ese año, más lo pendiente de años anteriores.
 
También en relación con la certeza procesal, los cambios han sido favorables. Mientras en 2001 el 48% de las personas privadas de libertad lo estaba en condición de procesado, en 2009 dicho porcentaje había disminuido al 24%. Y ha sido sustancial la reducción de los tiempos de duración de los procesos, pese a haber aumentado la carga del sistema más allá de lo programado, por la adopción de nuevas normativas penales.
 
No obstante, tras una década de aplicación de la reforma procesal penal, hoy se enfrenta al reto de lograr más eficiencia en la gestión y eficacia en el logro de resultados. Conseguirlo supone un debate informado y fundado en evidencia empírica. En esos elementos —y no en juicios sólo intuitivos— deberían sostenerse las propuestas públicas de corrección. Así lo han entendido los colegisladores, con la creación de la comisión de seguimiento permanente de la justicia criminal, que debe evaluar los avances y dificultades en la persecución penal y en el juzgamiento.
 
Culpar a la reforma procesal penal de ser “la verdadera y única causa del aumento de la delincuencia”, ignora que el país tiene un severo déficit respecto de múltiples otras modernizaciones que inciden determinantemente en la baja o el alza de los indicadores delictivos. Nada permite suponer que la mantención del antiguo sistema habría determinado menores cifras delictivas. Por el contrario, las estadísticas disponibles muestran un período de alzas sostenidas desde 1995 (cinco años antes de esa reforma), tendencia que se revirtió en 2003, al cumplirse tres años de su puesta en marcha. En ningún país del mundo se espera que una reforma procesal reduzca los índices de delincuencia. Asunto distinto es que sea propio de determinado grado de desarrollo el contar con un sistema judicial penal acorde con los conceptos contemporáneos de derechos básicos de todas las partes, y que un sistema arcaico sea una traba para otras reformas institucionales que sí faltan.
 
Baste un par de ejemplos: una carencia básica para avanzar en seguridad pública es que Chile aún no posea un sistema único e integral de registro que haga posible el seguimiento de las causas en sus distintas etapas y en su paso por las instituciones involucradas en los procesos de enjuiciamiento (policías, Ministerio Público, tribunales, cárceles, organismos de rehabilitación —si los hubiere—, etcétera). Algunas instituciones del sistema conciben sus bases de datos estadísticos como patrimonio reservado que deben mantener lejos del conocimiento de los demás actores del sistema y de la ciudadanía.
 
Otro: las cifras relativas a los términos no judiciales —el 55% de los casos en que el archivo provisional (en realidad, indefinido) es el más aplicado— ratifican la necesidad de reforzar la actividad investigativa tanto de fiscales y policías, mejorando el análisis delictivo de los casos.
 
Otro: se ha planteado en el debate que las policías pudieren no requerir orden previa del fiscal para iniciar una investigación. La norma hoy vigente, en cambio, equilibra una adecuada relación entre fiscales y policías, y busca orientar el trabajo policial a la obtención de resultados estratégicos del proceso. Volver al juez investigador y sentenciador sería una regresión.
 
Si hay debilidad en el sistema, reside en que aún persisten las descoordinaciones y la tendencia de los diversos órganos a actuar según lógicas propias, con prescindencia de los resultados finales.
 
 
Javiera Blanco
Directora Ejecutiva
Fundación Paz Ciudadana
 
 
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