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Reforma a la justicia civil por Teodoro Ribera, ministro de Justicia
Diario La Tercera
Domingo, 18 de marzo de 2012
Opinión
 
 
El mensaje del Presidente Jorge Montt, al someter a la aprobación del Congreso el proyecto de Código de Procedimiento Civil el año 1893, manifestó la necesidad de conciliar una pronta solución de los conflictos en esta materia, conforme a derecho y al interés de los litigantes.
 
A más de 100 años de ese trascendental suceso, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha resuelto renovar ese compromiso con una justicia más moderna, eficaz y transparente, al enviar al órgano legislador el proyecto de un nuevo Código Procesal Civil para Chile, dando así inicio a una profunda reforma en el área. La transparencia, la rapidez, la presencia del juez y menores barreras de acceso son ya una demanda instalada para la ciudadanía, y que hoy la justicia civil no responde y, por lo mismo, es especialmente necesaria su reforma y adecuación.
 
El nuevo Código Procesal ofrecerá un conjunto de iniciativas legales que den una respuesta oportuna e integral a más de un millón 200 mil causas anuales, que representan el 60 por ciento de los casos que hoy deben resolver nuestros tribunales.
 
Llegamos a esta nueva propuesta después de un minucioso trabajo que ha incorporado la visión de destacados académicos y abogados del país, que han hecho aportes a través de las instancias convocadas por el Ministerio de Justicia, para cristalizar una propuesta de consenso que asegure, por una parte, procedimientos más expeditos y, por otra, un real acceso a la justicia.
 
Con dicha finalidad, y como ejes centrales, el proyecto de nuevo Código Procesal Civil consagra un cambio de paradigma en lo que se refiere al rol y poderes del juez en el proceso, quien asumirá uno más activo. Asimismo, se sustituye el procedimiento -hoy esencialmente escrito y desconcentrado- a uno por audiencias, con preeminencia de oralidad y en el que priman los principios de igualdad de oportunidades, buena fe procesal, inmediación, continuidad y concentración, publicidad. También simplificará los procedimientos para resolver los conflictos civiles y comerciales en sede judicial, reduciendo básicamente a dos los más de 20 actualmente regulados. Se dejará a leyes especiales la resolución de materias como el arbitraje, la partición de bienes, el arrendamiento y la regulación de asuntos judiciales no contenciosos, cuyo conocimiento recae en los tribunales ordinarios.
 
Otra modificación relevante es la descentralización de la ejecución, lo que permitirá descargar a nuestros tribunales de labores propiamente administrativas que importa la ejecución, para así abocarse al ejercicio de sus funciones de carácter jurisdiccional. Con dicha finalidad, se crea la figura del oficial de ejecución como órgano especializado, encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo.
 
Ingresado el proyecto al Congreso, se abre una discusión que enriquecerá el trabajo legislativo y permeará las iniciativas que, en conjunto, darán vida al nuevo sistema de solución de conflictos civiles y comerciales. Esperamos que el debate se haga pensando en la ciudadanía.
 
 
Teodoro Ribera
Ministro de Justicia
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