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Nueva institución civil: "Muerte judicialmente comprobada" por Hernán Corral Talciani, Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Los Andes
Diario El Mercurio
Jueves, 15 de marzo de 2012
Opinión
 
Las tragedias del tsunami del 2010 y del desastre aéreo de Juan Fernández impulsaron al legislador a reformar las reglas jurídicas sobre la muerte presunta y la desaparición de personas. El 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.577, por la que se modificó la presunción de muerte con el objeto de abreviar los plazos para obtener esa declaración en los casos de pérdida de una nave o aeronave y de sismo o catástrofe. Ahora bastarán tres meses para el primer supuesto, y seis para el segundo.
 
Además de este ajuste de plazos, la ley incorporó al Código Civil una nueva figura jurídica, diferente a la clásica institución de la muerte presunta por desaparición de personas. Se la denomina "comprobación judicial de la muerte" y aparece en un párrafo distinto al de la presunción de muerte, lo que demuestra desde ya la necesidad de no confundir ambas instituciones.
 
La muerte presunta procede cuando una persona desaparece pero no se sabe si vive o ha muerto. De allí que exija el transcurso de plazos que hagan probable el deceso y que su eficacia se desarrolle por etapas en la medida en que esa probabilidad se va incrementando.
 
Pero existen casos en los que la desaparición de la persona se produce de tal manera que, aunque no pueda examinarse o identificarse el cadáver, es posible efectuar un juicio de certeza (no de mera probabilidad) de que ha fallecido. Un caso que puede ilustrar esta posibilidad, en que no hay duda de la muerte pero no puede ubicarse el cadáver, es la histórica explosión del Transbordador espacial Challenger en 1986. Es también lo que ha sucedido con los tripulantes del Casa 212 cuyos restos no han podido ser ubicados, y lo que podría pasar con el piloto o los pasajeros de la avioneta estrellada en las cercanías de Quellón.
 
Se comprende que en casos como éstos no resulta lógico que se apliquen los plazos y las restricciones de la muerte presunta. No se trata de desaparecidos, sino más bien de muertos cuyos cadáveres se han destruido o desaparecido.
 
Siguiendo lo que ya han considerado legislaciones extranjeras (Italia, España, Portugal, Quebec), el nuevo artículo 95 del Código Civil dispone que si la desaparición de una persona se ha producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no haya sido hallado, cualquier persona que tenga interés en ello podrá pedir al juez de su último domicilio en Chile que tenga por comprobada su muerte y ordene la inscripción en el Registro Civil. La misma regla se aplica a los casos en que no es posible la identificación del cadáver. No son exigibles plazos de espera, no se otorgan decretos de posesión provisoria ni se requieren cauciones, como en la muerte presunta. Lo único que se pide es que un extracto de la resolución se publique en el Diario Oficial.
 
Aunque a nuestro juicio no era estrictamente necesario, para evitar dudas el legislador ha señalado expresamente que esta comprobación opera sólo para efectos civiles y no puede aplicarse a las personas "detenidas desaparecidas" con el objeto de exonerar a quienes tengan responsabilidades penales en su desaparición.
 
Con esta prevención, puede decirse que nuestra legislación se ha enriquecido con la figura de la comprobación judicial de la muerte. Ella debiera ayudar a enfrentar, de una manera más expedita y más ajustada a la realidad, estos dolorosos casos de muertes en los que no resulta posible ubicar ni identificar los restos de los fallecidos.
 

Hernán Corral Talciani
Profesor de Derecho Civil
Universidad de Los Andes
 
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