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Sistema judicial y Corte Suprema por José Ignacio Vásquez Márquez, Director de Estudio, Análisis y Evaluación de la Corte Suprema
Diario El Mercurio
Lunes, 12 de marzo de 2012
Opinión
 
 
Desde hace algún tiempo se viene reiterando la opinión que plantea la modernización del Poder Judicial y su gobierno y la reforma de la Corte Suprema, apartándola de sus atribuciones administrativas y disciplinarias y reduciendo su integración. Se afirma, también, la existencia de un déficit de accountability de la judicatura, en buen castellano, rendición de cuentas.
 
Sobre el primer aspecto, no es novedad que tras aquella opinión, el modelo ideal de organización perseguido sea el sistema de justicia norteamericano. Sin embargo, ella omite advertir que el federalismo de Estados Unidos permite que haya cortes supremas estaduales y que, por el contrario, nuestro Estado unitario genera una organización del poder centralizada, excepto la descentralización territorial y funcional de los servicios públicos que conforman la Administración. No hay un Congreso, un Tribunal Constitucional ni una Corte Suprema por cada región.
 
Con esa precisión es fácil concluir que la Suprema Corte de Justicia norteamericana pueda estar integrada por menos ministros y que la resolución del recurso del certiorari le permita seleccionar discrecionalmente las causas a revisar, pudiendo reducir sustancialmente su ingreso. No es efectivo que su jurisprudencia sea uniforme.
 
Por contraste, de acuerdo a una visión realista de nuestro sistema de justicia, compuesto de diversos tipos de procesos, procedimientos y tribunales, cabe concluir que no podría reducirse el número de ministros de nuestra Corte Suprema, quienes conocen de recursos de revisión, apelación, casación, nulidad o unificación de jurisprudencia, en base a salas especializadas, sin generar además un gigantesco atraso.
 
Por otra parte, el gobierno judicial -es decir, la dirección del Poder Judicial- corresponde constitucionalmente a la Corte Suprema. Pretender que ésta se reduzca a un tribunal de casación es no comprender que forma parte de un Poder del Estado que requiere conducción, o bien simplemente buscar la anulación de este último y su subordinación a otros poderes e intereses.
 
Respecto de la presunta falta de accountability de la judicatura, se ignora que desde 1919 el presidente de la Corte Suprema rinde cuenta pública de la actividad de este Poder en el acto de inauguración del año judicial cada 1 de marzo. Su contenido completo y detallado se publica en el portal institucional de internet.
 
Lo anterior no es todo. Desde hace algunos años se desarrollan diversas iniciativas en pos de la transparencia y el acceso a la información pública del Poder Judicial, lográndose altos estándares de cumplimiento, más allá de lo que la ley exige.
 
Según el 6º Informe del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet, del Centro de Estudios de la Justicia, el sitio web del Poder Judicial presenta un porcentaje de acceso público de 87,8%, nivel "muy alto'', figurando en segundo lugar.
 
Debe destacarse el trabajo con el Banco Mundial, cuyos aportes al Poder Judicial se destinan a consolidar la política comunicacional y de difusión de la rendición de cuentas. Se trabaja, también, en un marco de intercambio de conocimientos en materia de transparencia y rendición de cuentas y de estudio de experiencias comparadas con países de la OCDE.
 
Está disponible online a todo público una base de jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia dictada desde el año 2005.
 
Asimismo, anualmente se hace pública la Memoria de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, principal órgano de apoyo al gobierno judicial, con índices y datos de gestión de la Corte Suprema, de las 17 cortes de apelaciones y cerca de 400 tribunales, el balance presupuestario y la actividad general. Su Consejo ha adoptado mayores exigencias en los procesos licitatorios, sometiéndose al sistema de ChileCompra y ha aumentado los controles internos.
 
En fin, quien tiene contacto real y directo, interna o externamente con la labor no sólo de la Corte Suprema, sino de todos los tribunales del país, no puede desconocer que la organización no cesa de modernizarse cada año, de mejorar el trabajo de los tribunales, preocuparse por los estándares de calidad de las sentencias, perfeccionar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública y velar de modo cada vez más acucioso por la probidad funcionaria.
 
Actualmente se trabaja en el perfeccionamiento de los sistemas de calificación y disciplinarios, tanto en la Corte Suprema como en la Corporación Administrativa en conjunto con el BID.
 
No hay razón entonces para insistir en la opinión y percepción negativa sobre la Corte Suprema y la opacidad de la judicatura, y es conveniente contrastar siempre las elucubraciones teóricas o el idealismo con la realidad, con el fin de acertar en el análisis.
 
 
 
José Ignacio Vásquez Márquez
Director de Estudio, Análisis y Evaluación
Corte Suprema
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