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Reforma de notarios y conservadores por José Joaquín Ugarte Godoy, Profesor de Derecho Civil de la Universidad Católica
Diario El Mercurio
Lunes, 27 de febrero de 2012
Opinión
 
 
Querría expresar mi discrepancia respecto del artículo editorial (del diario El Mercurio) del 24 de febrero sobre el tema del epígrafe. Se sostiene en él que nuestro régimen de notarios y conservadores, para estar a tono con los tiempos, debiera establecer la libre competencia en la actividad de administrar la fe pública, que no se trepida en calificar de "industria", la cual sería monopólica u oligopólica, para abaratar costos y mejorar la eficiencia. Se sugiere la libre entrada a los cargos y la licitación de los empleos, así como la desvinculación de los mismos respecto del Poder Judicial. Para juzgar acerca de estas propuestas, hay que tener primero claro qué son los notarios, conservadores y archiveros.
 
Todos ellos son ministros de fe. Un ministro de fe es un funcionario público que tiene por misión prestar la autoridad de la fe pública a documentos llamados a dejar constancia de determinados actos jurídicos, actos que crean, modifican o extinguen derechos. Un documento privado no tiene para estos efectos más valor que otra prueba cualquiera. Ahora bien, hay ciertos actos jurídicos -por ejemplo la compraventa de un bien raíz, el reconocimiento de un hijo- que producen efectos tan importantes, que la ley ha estimado conveniente exigir que consten por instrumentos que tengan la autoridad de la fe pública, es decir, instrumentos públicos, de modo que con su sola presentación, si no se prueba su falsedad, el acto deba tenerse por comprobado. En otros casos, la ley no exige, pero sí permite, que los actos consten en instrumentos públicos, para evitar pleitos y fraudes. El instrumento público tiene la eficacia indicada, porque el acto jurídico de que da constancia ha sido presenciado por un funcionario público a cuyo testimonio, estampado en el documento, la ley da crédito, porque este funcionario tiene muy calificados conocimientos jurídicos, en orden a saber exactamente qué está pasando ante él, y tiene una moralidad y honradez superiores a las del común de las personas, avaladas por la autoridad judicial: la Corte de Apelaciones respectiva y la Corte Suprema, que lo califican anualmente, y que tienen sobre él potestad correccional para juzgar su conducta funcionaria, y aun su moralidad privada, en cuanto sea necesario, y para fallar las quejas que contra él se presenten.
 
Los notarios dan fe de actos jurídicos como contratos, testamentos, etcétera; los conservadores de bienes raíces están encargados de dar fe de la transferencia y transmisión del dominio de los bienes raíces, y de la constitución de hipotecas y gravámenes sobre ellos, apreciando, dentro de ciertos límites, si los actos jurídicos que se les piden inscribir o anotar cumplen o no con los requisitos necesarios, y dar testimonio fidedigno de lo que consta o no consta en sus registros; y los archiveros judiciales están encargados de custodiar los originales o matrices de las escrituras públicas, y los registros de bienes raíces, pasado cierto tiempo, y los expedientes judiciales terminados, y de dar copias autorizadas o fidedignas de las escrituras, inscripciones y procesos que guardan, como, asimismo, de certificar lo que consta o no consta en ellos.
 
La razón para que estos ministros de fe sean considerados auxiliares de la administración de justicia y dependan de las autoridades judiciales, es que los documentos a que prestan la autoridad de la fe pública, o autorizan, están llamados, por lo común, a ser presentados como pruebas en juicio -pruebas preconstituidas-, y a decidir con su eficacia, muchas veces, la suerte de los litigios.
 
Con estas explicaciones, bien se verá que llamar "industria" a la administración de la fe pública, y tratarla como mercadería sujeta a leyes económicas, es tan absurdo como sería hacer lo mismo con la actividad parlamentaria, la gubernativa que realiza el Presidente de la República, la jurisdiccional que desempeñan los tribunales, o la defensa nacional que cumplen las Fuerzas Armadas.
 
A mayor abundamiento, la rebaja de las remuneraciones de estos ministros de fe, que a quienes no conocen bien la labor que realizan pueden parecer excesivas, podría traer como consecuencia que los cargos pasaran a ser servidos por gente inepta, carente de los debidos conocimientos y que terminase traficando con la fe pública.
 
 
José Joaquín Ugarte Godoy
Profesor de Derecho Civil
de la Universidad Católica
 
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