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Justicia ambiental en Chile por Jaime Lira, Superintendente del Medio Ambiente
Diario La Tercera
Lunes, 27 de febrero de 2012
Opinión
 
 
La justicia ambiental es un concepto que ha adquirido fuerza en el mundo y Chile ha sabido avanzar en esa dirección. La implementación de la Ley 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), además del aprobado proyecto de ley de Tribunales Ambientales, representan una gran oportunidad para avanzar en la justicia ambiental.
 
¿Qué es la justicia ambiental? El concepto surgió en EE.UU. a comienzo de los 80. Quienes lo propusieron, consideraron que el medioambiente abarca donde vivimos, trabajamos y existimos, y la justicia ambiental busca reparar cualquier inequidad que surja por el uso (o abuso) del entorno. En base a lo anterior, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. definió este concepto como el tratamiento justo y participativo de las personas con respecto al desarrollo y la aplicación de leyes, reglamentos y políticas ambientales. Así, por tratamiento justo se entiende que ningún grupo de personas (grupos raciales, étnicos o socioeconómicos), debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas.
 
La implementación de la nueva institucionalidad durante el gobierno del Presidente Piñera busca lograr una mejor justicia ambiental para nuestro país, con un ministerio que está generando políticas y regulaciones ambientales que apuntan a mejorar la calidad de vida de los chilenos. El SEA asegura que los proyectos y actividades de desarrollo cumplan con toda la legislación ambiental y que las medidas de mitigación/compensación sean acordes a los impactos. La SMA será la encargada de fiscalizar y sancionar a quienes incumplan las exigencias asociadas a permisos (RCA), normas de emisión y/o los planes de prevención y/o descontaminación ambiental. Finalmente, los tribunales ambientales deberán asegurar una mayor y mejor justicia ambiental, pudiendo revisar todos los actos del MMA, el SEA y la SMA.
 
Por ello, como SMA estamos trabajando por contar con altos estándares que nos permitan proteger eficaz y oportunamente la salud de las personas y el medioambiente; fiscalizaremos el comportamiento de las empresas en cuanto al cumplimiento de normas y compromisos ambientales, estableciendo sanciones ejemplares, previsibles y proporcionales, mitigando así el riesgo de un trato ambiental discriminatorio.
 
Contaremos con instrumentos que incorporarán metodologías modernas y objetivas, para así disminuir arbitrariedades y desigualdades. Hemos desarrollado modelos que nos permitan programar la fiscalización de forma conocida, transparentando los criterios utilizados para priorizar. Así, la comunidad podrá conocer por qué se inspecciona a determinadas entidades. En la determinación de sanciones, se contará con una metodología que permita obtener una respuesta sancionatoria sólidamente fundada en criterios objetivos, que serán por todos conocidos.
 
Creemos que la nueva institucionalidad ambiental, operativa hacia fines de 2012, implicará un cambio positivo en la justicia ambiental, contribuyendo a mejorar los niveles de cumplimiento, que nos permitirán construir un país más justo, con mejores oportunidades y en armonía con el desarrollo sustentable.
 
 
Jaime Lira
Superintendente del Medio Ambiente
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