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Corte Interamericana y libertad de prensa por Hernán Corral Talciani, Profesor de Derecho Civil de la Universidad de los Andes
Diario El Mercurio
Viernes, 27 de enero de 2012
Opinión
 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado una importante sentencia en materia de libertad de prensa y derecho a la vida privada, en la que ofrece criterios para articular ambos derechos cuando entran en conflicto.
 
El caso (Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina) se originó en varios reportajes de una revista argentina sobre Carlos Saúl Menem, entonces Presidente, y su relación con un hijo suyo no reconocido y la madre de éste, la diputada Martha Meza. Se daba cuenta de un encuentro de Menem con la diputada y el niño en la Casa Rosada, denuncias de la mujer de haber sido víctima del robo de joyas que le habían sido regaladas por el Presidente y diversas fotos de Menem, Meza y el niño en circunstancias domésticas.
 
El Presidente demandó por daños y perjuicios a la editorial y los periodistas responsables. El proceso llegó a la Corte Suprema, la que estimó que en este caso prevalecía el derecho a la vida privada por sobre la libertad de expresión y condenó al medio y a los periodistas a pagar una cuantiosa indemnización. Los periodistas recurrieron a la Comisión Interamericana, la que demandó al Estado argentino por violar el derecho a la libre expresión consagrado en la Convención Americana.
 
La Corte Interamericana, en su sentencia, reconoce que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que su ejercicio abusivo puede ocasionar responsabilidades ulteriores, como indemnizar los perjuicios, pero advierte que las restricciones no deben ir más allá de lo necesario, para no convertirse en una forma de censura.
 
En el caso concreto, los jueces estiman que la libertad de prensa debe prevalecer por sobre la tutela de la vida privada. Las razones son varias: en primer lugar, se aduce que el afectado investía la primera magistratura y que "en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público... porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente". En seguida, se sostiene que los reportajes no tenían por objeto explotar la mera curiosidad, sino que servían un interés público genuino: "Aun sin necesidad de determinar si se hizo uso de fondos públicos para fines personales, la disposición de sumas cuantiosas y regalos costosos por parte de un Presidente de la Nación, así como con la eventual existencia de gestiones o interferencias en una investigación judicial, son cuestiones sobre las cuales existe un legítimo interés social en conocerlas". Se agrega que el mismo Menem había difundido con anterioridad su relación con el niño y la diputada y que las fotos no fueron obtenidas de forma ilícita.
 
No procedía, dice la Corte, que los periodistas fueran condenados a indemnizar perjuicios y, al hacerlo, el Estado argentino violó la libertad de prensa, ya que "el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser ... tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público".
 
El fallo contiene una argumentación sólida y detallada, que sin duda puede servir de base de razonamiento para los numerosos casos en los que se presentan conflictos entre intimidad y libertad de prensa.
 
Hernán Correa Talciani
Profesor de Derecho Civil
Universidad de los Andes
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