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Durante la década de 1990 la renovación tecnológica y el conocimiento de nuevos escenarios han derivado en una práctica profesional especializada. El marco legal de la educación superior ha estimulado una mayor oferta de la carrera, tolerando pocos controles de calidad, y facilitado la entrada de profesionales extranjeros. En materia de ética profesional se habría transitado desde un enfoque vertical y paternalista, hacia uno horizontal, cuyo foco se encuentra en los derechos de los usuarios y mayores exigencias de información y calidad. En cuanto a los requisitos legales para ejercer, éstos son extremadamente bajos, bastando la obtención del título profesional para poder ejercer de por vida. 

Esto es una síntesis del diagnóstico que Enríquez y Mena (2005) realizaban como antesala para una serie de propuestas de reforma encabezadas por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), de las cuales la creación del Examen Médico Nacional, actualmente Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina (EUNACOM), fue sólo una de ellas. No es de extrañar que tanto el diagnóstico como algunos de los instrumentos propuestos hayan influido en la creación de nueva legislación: la Ley 20.261 que “creó” el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (2008) y la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud (2012). ¿Suena conocido? El título de esta columna está tomado del número de juramentos del último año. Si bien no ha superado los 2.860 nuevos abogados de 2009, sí duplica a los 1.331 de 2002 y septuplica los 369 juramentos de 1992. Con excepción del actual Presidente de la Corte Suprema, desde comienzos de este siglo nos hemos acostumbrado a escuchar en cada inauguración del año judicial la preocupación por la calidad e idoneidad de los nuevos abogados, ante el explosivo crecimiento de la profesión experimentado año a año. Y las reacciones no se han hecho esperar: basta leer las páginas editoriales, columnas de opinión, intercambios epistolares y entrevistas publicadas en este medio para encontrarse con alabanzas, críticas y algunas propuestas —la creación de un examen nacional de abogados, escaso en detalles hay que decir—, cuya autoría mayoritariamente proviene del mundo académico. 

Más allá de estas reacciones, al parecer la única experiencia conocida en cuanto a revisión de los requisitos para acceder a la profesión de abogado correspondería a la creación de un Comité de Certificación y Habilitación para la Profesión de Abogado, convocado por el Ministerio de Educación e integrado por representantes de universidades del Consejo de Rectores y privadas, del Ministerio de Justicia, la División de Educación Superior, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la Confederación de la Producción y del Comercio. Sin embargo, “en junio de 2010, y luego de cinco meses de trabajo, el Comité se disolvió debido a que no fue expresamente ratificado por el nuevo Gobierno, aduciéndose que este habría cambiado las estrategias para enfrentar la habilitación y certificación profesional” (Coloma y Agüero 2012). 

Lo anterior no ha sido óbice para la Corte Suprema en sus esfuerzos por controlar la producción de los productores y lo producido por los productores. El primer tipo de control puede encontrarse en el Auto Acordado sobre la titulación de abogados y en las Instrucciones para la tramitación del expediente sobre juramento (2008), a través de los cuales la Corte comenzó a solicitar a las universidades los reglamentos para obtener el grado de licenciado y para las convalidaciones, y exigir a los postulantes que al menos hubiesen cursado el último semestre de estudios en la universidad de la que egresaban. 

El segundo tipo de control se ha manifestado en la sentencia recaída en el recurso de queja rol 2582-2012 (28.11.12), en la controversia suscitada entre el Consejo para la Transparencia y el Consejo de Defensa del Estado relativa a la invocación de secreto profesional sobre determinados antecedentes en poder de este último. La Corte resolvió que el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados (2011) tiene validez para todos los abogados del país, concebido como ley “en un sentido material en cuanto sustantivamente impone normas de conducta generales, permanentes, abstractas y ciertamente obligatorias para todos los letrados del país, estén o no afiliados a la entidad gremial respectiva, más allá del órgano que en definitiva ejerza la tuición ética del profesional en el caso concreto” (c. 15). 

Si bien no existen consensos, sobre todo entre las facultades de derecho del país, cabe preguntarse si resulta adecuada la regulación sobre el acceso y control disciplinario de la profesión de abogado diseñada en 1981, en especial a la luz de las actuales condiciones de ejercicio profesional, entre las cuales destaca el desarrollo de roles de carácter preventivo, la obtención de nuevas destrezas aparejadas a las reformas procesales, y el vertiginoso y constante cambio que afecta el conocimiento legal a causa de la hiperactividad normativa desde el retorno de la democracia. 

Lo mismo cabe preguntarse sobre el papel que cabe a la Corte Suprema, lo que es aún más relevante si se considera el acotado rol que la Reforma Procesal Civil reservaría al máximo tribunal. De hecho, en el caso de España, uno de los países referentes en la redacción del nuevo código, luego de la Ley de Enjuiciamiento Civil fue el turno de la abogacía tanto en lo que se refiere al control de la producción de los productores (Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 2006) como de lo producido por los productores (Estatuto General de la Abogacía Española, 2001; Ley de Sociedades Profesionales, 2007). 

*Debo aclarar que participé como uno de los dos representantes del Colegio de Abogados en el Comité de Certificación y Habilitación para la Profesión de Abogado.
 
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